viernes, 24 de abril de 2015

Un motivo más para el PSOE rectifique: una sentencia cuestiona actividades como las que pretenden desarrollarse en la megaperrera de Tamón

El Pleno municipal en la reunión de 31 de julio de 2014, con los votos a favor del PSOE, IU, Compromiso y PCPE y el voto en contra del PP, Foro, UICA y CAUN, aprobó con carácter inicial el estudio de implantación para construir el macroproyecto de negocio privado de veterinaria canina en el barrio de la Tabla, en Tamón. Tras dicha aprobación, se abrió un período de dos meses de información pública, el cual finalizó en octubre de 2014. Pues bien, ha pasado casi medio año, y las numerosas alegaciones presentadas por vecinos, partidos políticos como el PP, y asociaciones profesionales de veterinarios, siguen sin ser contestadas por el Gobierno local. El expediente está parado a la espera de las elecciones y los socialitas no quieren sacar este tema a relucir.
Visto lo anterior, el PP trae a colación este asunto a por las siguientes razones:
1) Al tratarse de un asunto que cuenta con el rechazo de la práctica totalidad de los vecinos de Tamón (se recogieron doscientas firmas en esa parroquia de personas contrarias al proyecto), el Gobierno local parece tener la idea de no tocarlo antes de las elecciones. Da la impresión de que en estos meses previos a la cita con las urnas, toca caravana de obras exprés, pero no corresponde resolver los temas espinosos. Pues bien, desde el PP exigimos al Gobierno local y al Principado que antes de las elecciones digan qué quiere hacer con este asunto.
2) En el Pleno del pasado 31 de julio, el PP decía sobre este proyecto: El proyecto que se quiere autorizar es un gran negocio privado que pretende vestirse de interés público o social, hasta el punto de que el albergue para animales es lo de menos. Lo importante es que se va a construir una vivienda de 180 metros, mientras los vecinos no tienen más que dificultades para poder construir una casa para su familia directa en fincas de su propiedad, y todo ello para algo tan elemental como poder vivir en su pueblo y no abandonar Carreño. Lo importante es la clínica veterinaria, la peluquería canina y el resto de actividades que van a reportar pingües beneficios a “la protectora”. Pues bien, acaba de conocerse una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo, que estima un recurso presentado por el Colegio de Veterinarios de Asturias frente a una fundación de las características de la que pretende hacer negocio en Carreño. Dicha sentencia “declara sin género de dudas que la Fundación demandada viene realizando una explotación económica ajena a su finalidad estatutaria y que además dicha actividad, prestada bajo el régimen de exenciones tributarias de las entidades sin ánimo de lucro, constituye un acto de competencia desleal en perjuicio del resto de profesionales del sector.” (Fuente: http://colegioveterinarios.net/noticias/sentencia-a-favor-del-colegio-contra-fundacion/pag_1/)
3)  La sentencia deja claro que lo que puede hacer una fundación, que no tiene ánimo de lucro, no puede extenderse a actividades como las que pretenden instalarse en suelo no urbanizable en Tamón, esto es, un negocio veterinario absolutamente ajeno al interés público que el PSOE alega para justificar el proyecto, que no es otro que la acogida de los perros abandonados del concejo. En esa línea recordemos lo que decía la promotora de la iniciativa en una reunión comisión de urbanismo celebrada el pasado 15 de julio: la representante de la Fundación responde que los ayuntamientos deben tener un centro de depósito de animales que puede ser propio o no. Es cierto que esa necesidad existe en la mayoría de los ayuntamientos pero no es esa la idea que mueve a esta fundación, si bien entendemos que se puede dar un servicio al Ayuntamiento pero nunca se trataría de un servicio municipal.
El PSOE que tanta publicidad hace antes de las elecciones sólo de aquello que le interesa y esconde aquellos asuntos espinosos o más complejos, debe decir  ahora, una vez conocida esta sentencia, si pretende seguir adelante con la megaperrera de Tamón.  Los vecinos tienen derecho a saber las verdaderas intenciones de un partido que hasta el momento se ha negado a escuchar a los discrepantes. 
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